Francia ha dado un paso decisivo en el debate mundial sobre infancia, pantallas y seguridad. El 27 de enero de 2026, la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley que prohíbe el uso de redes sociales a los menores de 15 años, una iniciativa impulsada por el presidente Emmanuel Macron y respaldada por una coalición transversal preocupada por la salud mental, el acoso y los daños algorítmicos. La medida —que aún debe completar el proceso legislativo— sitúa a Francia entre las democracias más firmes a la hora de redefinir la infancia digital.

¿Qué aprobaron exactamente los legisladores?

La cámara baja avaló una legislación que impide a las plataformas permitir usuarios menores de 15, reforzando el enfoque francés más allá de las antiguas reglas de consentimiento parental. El texto pasa ahora al Senado para su examen antes de una eventual promulgación: la señal política es fuerte, pero el recorrido no ha terminado.

Medios franceses han precisado el sentido del voto y el calendario. La aprobación en la Asamblea habría llegado por 130 votos a 21, reflejando un apoyo significativo —aunque no unánime—. En cuanto al calendario, el Gobierno aspira a una implementación rápida: despliegue para nuevas cuentas al inicio del curso escolar 2026, con verificación de edad efectiva para todos los usuarios (incluidas cuentas existentes) a partir del 1 de enero de 2027. Estos hitos importan tanto a las familias que planifican el próximo curso como a las plataformas que preparan su cumplimiento técnico.

¿Por qué ahora? El trasfondo político y social

El impulso responde a años de evidencia y preocupación pública por la relación entre el uso intensivo de redes sociales y el bienestar juvenil: ciberacoso, alteraciones del sueño, presión sobre la imagen corporal y consumo compulsivo reforzado por algoritmos orientados al “enganche”. Macron y sus aliados han presentado la iniciativa como un imperativo de protección infantil. Tras el voto, el presidente utilizó un lenguaje rotundo para afirmar que “el cerebro de los niños no está en venta”, señalando la disposición de Francia a enfrentarse a plataformas estadounidenses y chinas en su propio terreno: la economía de la atención.

También hay un ángulo europeo. Francia intentó en 2023 restringir el acceso a menores de 15 enfatizando el consentimiento parental, pero aquella ley no llegó a entrar en vigor por fricciones con el marco de cumplimiento del Reglamento de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés). La medida actual incorpora las lecciones de ese episodio y se alinea mejor con las obligaciones comunitarias, lo que sugiere una vía más sólida hacia la implementación esta vez.

¿Cómo verificarán la edad las plataformas?

El éxito político de una prohibición para menores de 15 depende de la verificación de edad, el frente práctico y a menudo enrevesado. Los legisladores quieren mecanismos que disuadan de forma real el acceso de menores sin obligar a las familias a entregar datos personales en exceso. Aunque el proyecto fija plazos ambiciosos y obligaciones, los detalles se perfilarán en decretos y guías elaborados junto con la autoridad francesa de protección de datos y los ministerios competentes. La cobertura francesa subraya que la verificación efectiva para todos los usuarios debe estar operativa el 1 de enero de 2027, lo que implica un despliegue por fases y un periodo de consulta técnica durante 2026. Es previsible una combinación de controles de edad que preserven la privacidad (p. ej., atestaciones de terceros, señales a nivel de dispositivo o pruebas criptográficas) y una aplicación más estricta por parte de las plataformas frente a intentos evidentes de evasión.

Las familias pueden esperar más avisos, flujos de alta más estrictos y comprobaciones de identidad más claras para cuentas adolescentes. Las plataformas que aún se basan en la autodeclaración (“¿Cuál es tu fecha de nacimiento?”) deberán actualizarse con rapidez. La aplicación también involucrará a tiendas de apps, operadores móviles y centros educativos, dado que la medida se acompasa con la ampliación de la prohibición del móvil en las escuelas hasta los institutos, estrechando el entorno donde los menores de 15 acceden habitualmente a las redes.

El lugar de Francia en el panorama global

La acción francesa sigue una oleada de experimentación normativa. Australia se movió antes con una restricción nacional para menores de 16, ofreciendo una plantilla citada explícitamente por París. Otros países —entre ellos Reino Unido y España— debaten reglas más estrictas para menores y estándares de verificación de edad, mientras que algunos estados de EE. UU. han impulsado leyes de seguridad juvenil con resultados desiguales en los tribunales. El paso de Francia es, por tanto, una respuesta local a una opinión pública interna y parte de una tendencia internacional a codificar una especie de “mayoría de edad digital”.

Para los observadores en Bruselas, la medida pondrá a prueba cómo encajan las leyes nacionales de protección del menor con normas a escala de la UE como el DSA. Si Francia demuestra controles de edad creíbles y respetuosos con la privacidad a escala, podría convertirse en referencia para otros Estados miembros y para la agenda europea de seguridad juvenil.

La evidencia en que se apoyan los legisladores

Estudios franceses e internacionales han vinculado repetidamente el uso intensivo de redes sociales con riesgos para la salud mental, especialmente ansiedad, depresión, imagen corporal y atención. Los legisladores también citan la exposición de jóvenes a contenidos de autolesión y retos peligrosos. La prensa francesa destaca la alta penetración de smartphones y la frecuencia del uso de redes entre adolescentes de 12 a 17 años, lo que ayuda a explicar la sensación de urgencia. Aunque la comunidad científica debate hasta qué punto hay causalidad o correlación, el consenso político es que muchas plataformas modernas pueden resultar inapropiadas a nivel del desarrollo para preadolescentes y jóvenes de 13–14 sin salvaguardas estrictas.

Es notable, además, que el movimiento de la Asamblea sintoniza con la opinión pública en Francia, donde las encuestas muestran un fuerte apoyo parental a las protecciones robustas. Los responsables políticos también responden a casos trágicos y litigios que alegan que un diseño inseguro de las plataformas contribuyó a daños. Como en el caso de los cinturones de seguridad o los límites de edad para el alcohol, los partidarios sostienen que una regla clara simplifica el mensaje y mejora el cumplimiento.

El argumento de los partidarios: claridad, calma y niñez

Quienes apoyan la ley sostienen que los 15 años marcan un hito significativo del desarrollo. Aseguran que una regla nítida ayuda a familias y escuelas, reduce el conflicto en casa y protege a los más jóvenes de espirales algorítmicas. Por defecto —afirman—, entre los 12 y 14 años deberían primar el aprendizaje, el sueño, la socialización offline y el desarrollo de la atención sostenida, sin el tirón constante de los “me gusta”, la viralidad y la comparación 24/7. Macron y los legisladores afines han enmarcado la medida como una forma de proteger los “sueños” frente a los algoritmos, al tiempo que Francia sigue fomentando la alfabetización digital y el uso de la web abierta para estudiar y crear.

Además, integrar la prohibición con las restricciones al móvil en la escuela busca crear un entorno coherente: menos fricción para el profesorado, menos distracciones en clase y una línea más clara entre tiempo de estudio y de pantalla. Los defensores afirman que el DSA y la legislación francesa, en conjunto, pueden incentivar a las plataformas a diseñar experiencias por defecto más seguras para adolescentes europeos.

Las preocupaciones de los críticos: derechos, realismo y atajos

Organizaciones de libertades civiles, parte de la oposición y grupos de derechos digitales alertan de una excesiva amplitud. Argumentan que una prohibición total puede limitar el acceso a expresión legítima, comunidad y redes de apoyo, especialmente para adolescentes vulnerables que dependen de espacios en línea. También señalan la evasión práctica: menores con destreza digital pueden tomar prestadas cuentas, mentir sobre la edad o usar VPN. Los críticos temen que exigir miles de millones de verificaciones reforzadas presione a las familias a compartir documentos de identidad o biometría, incrementando riesgos de privacidad que podrían superar los beneficios.

Otro punto de fricción es la equidad en la aplicación. Las familias con mayor alfabetización digital o tiempo pueden navegar el nuevo régimen con más facilidad, mientras que otras podrían enfrentarse a confusión o respuestas inconsistentes de las plataformas. Para evitarlo, los legisladores deberán acompañar la prohibición con orientación clara, programas financiados de educación digital y apoyo a padres y escuelas, de modo que el cumplimiento no dependa del código postal. La revisión en el Senado es una oportunidad para afinar salvaguardias, excepciones para plataformas educativas o sanitarias y mecanismos de reclamación ante bloqueos erróneos por verificación de edad.

¿Qué ocurre ahora?

Desde el punto de vista procedimental, el proyecto pasa al Senado. Si la cámara alta enmienda el texto, podría seguir una fase de conciliación antes de la adopción final. El calendario del Gobierno —septiembre de 2026 para nuevas cuentas y 1 de enero de 2027 para la verificación universal— obligará a agencias y plataformas a consensuar estándares técnicos con rapidez. Se esperan normas complementarias, pilotos y una estrecha coordinación con la CNIL (autoridad francesa de protección de datos) para garantizar que los controles de edad se ajusten a los principios de privacidad de la UE. Las familias deberían prestar atención a la guía oficial del Ministerio de Educación y del Ministerio de Asuntos Digitales a lo largo de 2026.

Para las plataformas, la lista de tareas es extensa: auditar la base de usuarios para detectar cuentas de menores, desplegar o integrar proveedores de verificación de edad, rediseñar los procesos de alta y denuncia, formar a moderadores y blindar los sistemas frente a la evasión evidente. Dado que el DSA ya impone obligaciones de mitigación de riesgos y transparencia, las empresas que actúen pronto pueden alinear sus frentes de cumplimiento y reducir fricciones en los mercados de la UE.

Consejos prácticos para familias y centros (si la ley se aprueba)

1. Planificar la transición. Si tu hijo es menor de 15 y usa redes sociales, conviene hablar de los cambios desde ya. El despliegue al inicio del curso 2026 sugiere que las familias tendrán varios meses para adaptarse. Es probable que muchas plataformas ofrezcan herramientas para exportar fotos y mensajes y vías de apelación ante verificaciones de edad erróneas.

2. Apoyarse en herramientas alternativas. Las apps de mensajería y las plataformas colaborativas usadas para el trabajo escolar podrían seguir accesibles bajo excepciones educativas. Habrá que estar atentos a listados y guías oficiales para evitar incumplimientos involuntarios sin perder contacto con la clase y las actividades.

3. Aprovechar el momento para resetear hábitos. Aunque tu hijo esté cerca de los 15, puede merecer la pena establecer reglas familiares compatibles con el sueño, comidas sin pantallas y puntos comunes de carga. Los centros pueden ampliar zonas libres de dispositivos y alinear la carga de deberes con un uso mínimo de pantallas. Estos cambios son más sencillos cuando el entorno legal fija una línea uniforme.

Qué significa para la industria tecnológica

El paso de Francia acelera una transformación ya en marcha: la verificación de edad pasa de política blanda a cumplimiento duro. Los proveedores de controles respetuosos con la privacidad —escaneo documental con procesamiento en el dispositivo, estimación de edad asistida por IA con eliminación estricta, pruebas criptográficas respaldadas por operadores o bancos— verán una fuerte demanda. Las soluciones ganadoras pondrán el acento en la minimización de datos y la auditabilidad. Las plataformas que logren flujos fluidos y respetuosos con la privacidad convertirán el cumplimiento en una ventaja de confianza ante familias y centros.

En paralelo, los equipos de producto y contenido revaluarán las experiencias específicas para jóvenes, quizá con modos para menores de 16 con recomendaciones reducidas, moderación elevada y mensajería limitada. Incluso si esas funciones se dirigen a adolescentes de 15–16, parte de los cambios de diseño podría extenderse a cohortes mayores en Francia y, pronto, a toda la UE.

En resumen

El voto de la Asamblea Nacional marca un punto de inflexión en el enfoque europeo de la infancia digital. Francia está señalando que los menores de 15 no deben estar en redes sociales —punto— y que recae en las plataformas la responsabilidad de hacerlo real sin comprometer la privacidad. El camino pasa por el Senado, la definición de estándares y un año intenso de trabajo técnico. Pero la dirección es inequívoca: la infancia en línea en Francia estará regida por una norma más clara y estricta.

Fuentes y confirmaciones clave

• Aprobación en la Asamblea e intención legislativa; próximos pasos en el Senado: Reuters y Al Jazeera.

• Calendario de implementación y plazos de verificación de edad: prensa tecnológica/comercial francesa citando objetivos gubernamentales.

• Recuento de la votación (130–21) informado por medios franceses como Le Monde.

• Argumentos de Macron y política de móviles en la escuela: ITV.

• Contexto de la UE/DSA y la ley de 2023 que se estancó: Euronews.

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